Por primera vez, la Unión Europea prohibirá el comercio de aquellos productos que no tengan otro uso práctico que el de la pena capital o la tortura. Los bienes de uso múltiple, susceptibles de ser utilizados para fines de tortura o para infligir otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes serán igualmente sometidos a controles estrictos. Estas medidas se enmarcan dentro de un reglamento adoptado por los 25 estados miembros, con el que la UE pretende reflejar su rechazo rotundo de la pena de muerte y de todo acto de tortura.