El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que la Xunta de Galicia debería haber notificado a la Comisión Europea su nuevo régimen de ayudas públicas destinadas a la construcción naval. No obstante, ha asegurado que la corte europea no es la instancia adecuada para fijar el nivel de devolución de ayudas, y que deberá ser el órgano jurisdiccional nacional competente quien evalúe y dictamine si tiene que procederse a dicha devolución.