La Comisión Europea no considera que los ciudadanos de la UE hayan sufrido una reducción de su poder adquisitivo desde la adopción definitiva de la moneda única en enero de 2002. Además, ha descartado que la causa principal del "no" a la Constitución Europea obtenido en los referendos de Francia y Países Bajos sea una posible hostilidad popular hacia el euro.
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