La nueva legislación comunitaria por la que se establecen normas de calidad y seguridad para la extracción, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana permite a cualquier particular en la Unión Europea llevar ante la justicia a un Estado miembro, con vistas a recibir una compensación económica, por considerar que éste no ha transpuesto o aplicado la ley correctamente y que esto le ha perjudicado. Así lo ha explicado la Comisión Europea, en respuesta a una pregunta parlamentaria en la que se denuncia que el pasado julio en Italia no se concedieron, sin embargo, indemnizaciones a 49.000 infectados por transfusiones de sangre en mal estado.