El Tribunal de Primera Instancia europeo considera a la Unión competente para imponer la congelación de fondos en el marco de la lucha contra el terrorismo. Según ha argumentado en las dos primeras sentencias que dicta sobre la materia, estas sanciones quedan fuera de su ámbito de jurisdicción, al ser exigidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y además no suponen una violación los derechos humanos.