La Ley de Justicia y Paz del Gobierno colombiano ha sido el centro del debate celebrado en la comisión de Cooperación del Parlamento Europeo, en el que organizaciones pro derechos humanos la criticaron por permitir la impunidad de los culpables y no proteger lo suficiente a las víctimas. Además, consideraron que, a pesar de estar apoyada por el Consejo de ministros de la UE, contradice la posición oficial de los Veinticinco, que defiende un marco jurídico a favor de la población civil, la justicia y la paz.