La Comisión Europea ha decidido llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por la discriminación fiscal a la que somete a los no residentes comunitarios. Concretamente, son dos los elementos que Bruselas considera discriminatorios. Para empezar, el tipo impositivo que aplica a la venta de propiedades inmobiliarias, del 35% en vez del 15%, y en segundo lugar por el tipo fijo que aplican a las rentas del trabajo de los no residentes frente al tipo progresivo que se aplica a los residentes.