El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Miguel Poiares Maduro ha propuesto condenar a Italia a pagar 265.500 euros diarios, desde junio de 2001, por imponer discriminaciones laborales a lectores de lengua extranjera en seis universidades del país, incumpliendo así el principio de libre circulación de trabajadores. Efectivamente, el país fue condenado hace cinco años por este asunto pero, a día de hoy, "Italia no ha ejecutado completamente la orden que se le impuso en 2001", ha declarado Poiares Maduro; es decir, aún no ha corregido las diferencias de condiciones de empleo entre lectores de lengua extranjera e investigadores universitarios.