España es uno de los países de la Unión Europea que más medidas facilita a la formación de sus parados, en detrimento de otros grupos sociales vulnerables de sufrir malas condiciones laborales, como los jóvenes, las personas de mayor edad y los individuos con minusvalía, según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). El reparto de los costes derivados de esa formación varía dependiendo de la autonomía de los Gobiernos centrales y de las organizaciones territoriales de cada país, siendo las regiones de Bélgica, España y Alemania las más independientes de sus administraciones nacionales.