La Comisión Europea ha decidido perseguir a aquellos países que siguen incumpliendo el derecho comunitario relativo a las cualificaciones profesionales en la UE, como España, Francia y Grecia. Bruselas ha decidido enviar a Madrid al Tribunal de Justicia de la UE por no considerar válido el título de ingeniería expedido en Italia, haciendo una mala interpretación de la directiva que regula el reconocimiento de diplomas de educación superior en los Veinticinco. París, por su parte, ha recibido una carta de emplazamiento por dificultar el acceso al trabajo de sus educadores especiales, y Atenas un nuevo dictamen motivado por no ejecutar una sentencia de la Corte europea que exigía a Grecia reconocer, sin importar su origen dentro de la UE, todos los diplomas de arquitectura.
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