Más de 1.000 familias en todo el mundo, un centenar de ellas en España, siguen a la espera de que el Gobierno rumano levante la moratoria que introdujo en junio de 2001 para impedir las adopciones internacionales de niños rumanos y primar las acogidas nacionales, tras las acusaciones entorno a tráfico de menores y fraude surgidas entonces. Esta decisión surgió a raíz de la presión ejercida desde la propia Eurocámara y la Comisión Europea. Cinco años después, miembros del Parlamento Europeo consideran que la legislación rumana sigue sin velar por los derechos de los niños y piden cambios que permitan a familias no rumanas adoptarlos de forma definitiva.