España es el único país que ha transpuesto a su legislación nacional la decisión marco sobre equipos conjuntos de investigación sobre crímenes transfronterizos, y sólo España, Austria, Bélgica, Dinamarca y Holanda han adoptado la legislación europea sobre la lucha contra la explotación sexual de niños. Estos dos ejemplos ilustran la dificultad con la que se encuentra la Comisión Europea para impulsar las decisiones en materia de seguridad, justicia y libertad. Para evitar la parálisis en estos temas y lograr una mejor efectividad en políticas como la gestión de los flujos migratorios o la lucha contra el terrorismo, el Ejecutivo comunitario quiere que los Veinticinco eliminen el derecho de veto de los Estados miembros en estos asuntos. Algunos países, como Alemania, se oponen.