La Unión Europea financia desde hace algunos años la formación de jueces, procuradores y abogados de distintos países europeos para que puedan incorporar a sus conocimientos jurídicos las características propias del derecho comunitario. A pesar de que es a los Estados miembros, de acuerdo con las reglas de los tratados firmados, a los que les corresponde actuar, la Comisión Europea ha propuesto redoblar esfuerzos en este ámbito. En una comunicación adoptada hoy se detallan las vías para ello.