España - junto con Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal-, ha recibido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción, con el fin de que modifique su legislación fiscal sobre pago de dividendos a sociedades del exterior. Hasta el momento, Madrid aplica a los beneficios de las compañías extranjeras un impuesto mayor que a las nacionales. El Ejecutivo comunitario ha considerado que estas normas restringen la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, y ha dado dos meses de plazo a los países para que tomen medidas al respecto, si quieren evitar la intervención del Tribunal de Justicia de la UE.