A partir de ahora, Rusia informará a la Comisión Europea al menos con seis meses de antelación sobre cualquier propuesta de legislación en su territorio que pudiera afectar al comercio bilateral con la UE. Este período de seis meses permitirá a Bruselas discutir con las autoridades rusas posibles cambios en la norma propuesta si ésta es considerada dañina para los intereses comunitarios.
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