La Comisión Europea ha impuesto una multa de 314,7 millones de euros, la quinta más alta conocida hasta ahora, a 30 empresas de empalmes de cobre por la formación de un cártel en 1988 que se mantuvo activo hasta 2004, a pesar de las advertencias de Bruselas. Las compañías -perteneciente a los grupos Aalberts, IMI, Delta, Advanced Fluid Connections, Legris, Frabo, Mueller, Tomkins, Flowflex, Viegener y Sanha Kaimer- se pusieron de acuerdo para fijar precios, descuentos e intercambiaron información confidencial de gran importancia. El Ejecutivo comunitario que inició la investigación, en enero de 2001, a raíz de la solicitud de indulgencia efectuada por Mueller, ha confirmado tener numerosos documentos que prueban esta práctica ilegal contraria al Derecho comunitario.