El abogado general Geelhoed ha respondido a las dudas que le planteó el Tribunal Supremo sobre el caso de la compañía pública española TRAGSA (Transformación Agraria S.A), acusada por ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales) de abusar de su posición dominante en el mercado español de obras, servicios y proyectos forestales. El abogado ha explicado que el Derecho comunitario exige a los Estados miembros que no permitan que se confundan las actividades que realiza una sociedad como TRAGSA para otros entes públicos y particulares con las que efectúe como "medio propio de los entes públicos competentes". Sin embargo, ha considerado que corresponde al órgano jurisdiccional español decidir si se dan o no tales circunstancias en este caso concreto.