En vista del mal uso que hacen los Estados miembros de las excepciones previstas en las normas de competencia en lo que a contratos públicos de defensa se refiere, la Comisión Europea ha publicado hoy una líneas directrices con las que pretende aclarar los términos. Este tipo de contratos -que abarcan una amplia gama de productos y servicios desde material de oficina hasta armamento y suponen un total de 80.000 millones de euros en la UE- está sujeto a la obligación de licitación pública, sin embargo, en la práctica sólo un 10% salen a concurso. Bruselas, paralelamente y a sabiendas de la necesidad de lograr una mayor transparencia, efectividad y competencia en este sector, está llevando a cabo una evaluación de impacto para corroborar sus sospechas de que la legislación actual necesita una revisión, ya que no hace sino propiciar la fragmentación del mercado.