El Tribunal de Primera Instancia ha anulado la decisión de la Comisión Europea en materia de ayudas de Estado por la que España ha desarrollado medidas fiscales controvertidas a favor del sector agrario. Empresarios de estaciones de servicio catalanas y madrileñas interpusieron un recurso de anulación contra el nuevo sistema adoptado por considerarlo ventajoso y selectivo y el Tribunal ha fallado a favor de los demandantes, alegando que la decisión de Bruselas no indica de manera clara por qué estas concesiones no son incompatibles con el mercado único.