España es uno de los 16 Estados miembros que ha recibido un dictamen motivado -segundo paso del procedimiento de infracción- de la Comisión Europea por incumplimiento de las directivas de 2003 relativas a la apertura de los mercados del gas y la electricidad. En los dos dictámenes recibidos, Bruselas denuncia la existencia de precios regulados y la falta de separación entre los proveedores de energía y los distribuidores. Alemania, Austria, Bélgica, la República Checa, Estonia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido son los otros países que, en opinión de Bruselas, impiden el establecimiento de un mercado interior de la electricidad y del gas por no trasponer correctamente la normativa comunitaria.