La Comisión Europea llevará a España, y a otros cuatro Estados miembros, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por discriminación en los pagos de dividendos a sociedades no residentes. Según advierten las autoridades comunitarias, tanto en el Estado español como en Bélgica, Italia, Holanda y Portugal, los dividendos salientes pueden ser objeto de una imposición mayor que en el caso de los dividendos pagados a sociedades residentes. Bruselas considera que estas disposiciones del ordenamiento jurídico interno son contrarias al Tratado y que restringen la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.