La propuesta de directiva que la Comisión Europea presentará a principios del mes de mayo para sancionar a los empresarios que contraten inmigrantes ilegales podría obligar a estos empleadores a pagar las contribuciones sociales que hayan dejado de abonar a la seguridad social, la diferencia entre el salario real abonado a la persona en situación irregular y el mínimo que le hubiera correspondido como trabajador legal, e incluso el coste de la repatriación en el caso de que el inmigrante sea devuelto a su país de origen. A esta nueva propuesta, sobre la que trabajan los servicios de Justicia e Interior de la Comisión, le seguirán otras sobre los denominados paquetes de movilidad, la de admisión de inmigrantes altamente cualificados y la de trabajadores de temporada.