El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegales las sanciones penales previstas en la normativa italiana de organización de de juegos de azar y recogida de apuestas, que exige la adjudicación de una concesión y la obtención de una autorización de policía, y puede imponer sanciones penales si falta alguno de éstos documentos. Así, ha declarado que esta legislación implica una restricción de la libertad de establecimiento y la libre prestación.