El Tribunal de Justicia de la UE ha concluido que la ley británica sobre subcapitalización sólo puede aplicarse a los montajes fiscales puramente artificiales, ya que de lo contrario restringe la libertad de establecimiento que defiende el Derecho comunitario. De hecho, para que las normas estén justificadas deben ofrecer a las empresas interesadas la posibilidad de explicar los motivos comerciales por los que realizaron determinada transacción. Además, la recalificación de los intereses abonados como beneficios distribuidos debe limitarse a la fracción de estos intereses que supere lo que se habría acordado en una situación de libre competencia.