El Tribunal de Justicia de la UE considera que la ley griega de seguridad social se opone al Derecho comunitario de libertad de prestación de servicios al no reembolsar ninguno de los gastos de los pacientes tratados en otro Estado miembro. Así, le ha recomendado al Gobierno griego que cree un régimen de autorización previa y diseñe un tipo de baremo para estos casos.
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