La economía sumergida es un importante "factor llamada" de la inmigración ilegal al que es necesario poner coto para frenar la llegada continúa de "sin papeles" en busca del sueño europeo. Con este objetivo, la Comisión Europea ha presentado hoy una nueva propuesta de directiva para sancionar con multas e incluso penas de cárcel a los empresarios y empleadores que contraten a inmigrantes irregulares. Según las estimaciones de Bruselas, actualmente hay en la UE entre 4,5 y ocho millones de personas en situación irregular y cada año llegan entre 350.000 y 500.000 más.