La Comisión Europea y la Agencia europea para el control de las fronteras exteriores han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido antes, durante y después del rescate este fin de semana de 26 inmigrantes en el mediterráneo por parte de un barco español con sede en Tarragona, tras la negativa de los dos países más cercanos -Malta y Libia- a acogerlos. Un caso que vuelve a poner de manifiesto las muchas lagunas existentes en la aplicación del derecho marítimo y la responsabilidad en el salvamento de vidas en alta mar. El portavoz del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam-Abbing, confirmó también que actualmente están realizando un estudio jurídico sobre la aplicación de la ley del mar.