La Comisión Europea pedirá a España que "liberalice" las actividades de guardia o instalación de sistemas de seguridad, así como el acceso profesional a los cuerpos de seguridad del Estado y de detectives privados. La Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que declare incompatible con el mercado común la ley española del 30 de julio de 1992 que obliga a vivir en España a los dirigentes de las empresas, así como de ciertos requisitos sobre la nacionalidad de los trabajadores independientes y los salarios establecidos.