Los jueces europeos deberían considerar la "buena fe" mostrada por Telefónica al no salirse de las tarifas nacionales así como la especificidad del mercado español de las telecomunicaciones para reducir o eliminar la multa de 152 millones de euros. El "susto" podría ser suficiente para conseguir los objetivos de Bruselas de proteger la competencia del sector.
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