Tras la entrada en vigor de la liberalización del gas el pasado domingo, las reacciones no han tardado en manifestarse. Por un lado, la Organización Europea de Consumidores (BEUC, en sus siglas en inglés) pide que se mejore la información al ciudadano para evitar que las compañías puedan aprovechar este tanto para cobrar más caros sus servicios. De otra parte, las empresas europeas consideran que esto podría perjudicar a las pymes o hacer que acaben en números rojos.