El Tribunal de Primera Instancia ha anulado dos decisiones del Consejo que ordenaban la congelación de fondos de un particular y una asociación por supuesta vinculación con actividades terroristas. Ha considerado que la medida vulneraba el derecho a una tutela judicial efectiva, así como el derecho de defensa y la obligación de motivación. Esta resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE en el plazo de dos meses.