El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ha declarado "incompatibles" con el mercado común las ayudas de Estado concedidas por España a la empresa minera asturiana González y Díaz por importe de 4,3 millones de euros en los años 1998, 2000 y 2001 para hacer frente a los gastos de reestructuración. Con esta sentencia, la corte da la razón a la Comisión Europea en el litigio que comenzó en julio de 2002 y en noviembre de 2003 -es decir, con posterioridad a la expiración del Tratado CECA-.