Los fabricantes de productos farmacéuticos que han sido comercializados en España por una sociedad que goza de una patente en cualquier otro país miembro de la Unión Europea, no podrán impedir que otra sociedad compre en España estos productos y los comercialice en su país de origen. Esta es la conclusión que se desprende de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia europeo, en un asunto en el que varias compañías farmacéuticas demandaban a la Comisión por haber impedido a Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña adoptar medidas de salvaguarda contra determinadas importaciones procedentes de España.