Las empresas vascas que disfrutaron de "vacaciones fiscales" a partir de 1993 deberán abonar ahora la cantidad correspondiente a los impuestos que no pagaron. El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado en contra de España, insistiendo en que debe recuperar las ayudas prestadas, que considera ilegales. También ha recordado que el Gobierno español todavía no ha presentado documentos que acrediten la identidad de los beneficiarios, la cuantía de las ayudas ni los procedimientos llevados a cabo para recuperarlas.