El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado las condiciones en las que los Estados Miembros pueden prever una diferencia de trato basada en la edad en el ámbito laboral. Esta falta de igualdad ha de justificarse "objetiva y razonablemente en el marco del Derecho nacional", según indica la sentencia. En España, por ejemplo, es lícito que una empresa imponga una jubilación forzosa si uno de sus trabajadores ha alcanzado la edad límite para este efecto, los 65 años.