Mayo de 2006. Funcionarios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea realizan una inspección sorpresa en las oficinas de la empresa alemana E.ON para descubrir posibles prácticas contra la competencia en el mercado energético alemán, e instalan un precinto para proteger información potencialmente sensible. Al día siguiente, los inspectores del Ejecutivo comunitario se dan cuenta de que el precinto está roto. Tras este incidente propio de una película de mafiosos, E.ON ha sido acusada por la Comisión de poner trabas a la inspección, por lo que deberá pagar una multa de 38 millones de euros.