La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recibió ayer 40 denuncias presentadas contra cinco planes urbanísticos de la Comunidad Valenciana, a los que se acusa de violar el derecho a la propiedad y vulnerar varios espacios protegidos. El eurodiputado laborista británico Michael Cashman pidió al Gobierno español que introduzca una moratoria a los derribos de viviendas adquiridas de buena fe por sus propietarios pero que tienen que ser demolidas por haber sido construidas ilegalmente. Por otra parte, la Comisión Europea va a llevar de forma inminente a España ante el Tribunal de Justicia de la UE porque considera que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) viola el derecho comunitario.