Las reformas de la autovía M-30 de Madrid entran en la directiva europea de impacto ambiental, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, el Tribunal europeo no se pronuncia sobre si el Gobierno de Madrid debió presentar informe de impacto. Esta sentencia es consecuencia de un litigio entre el Ayuntamiento de Madrid y Ecologistas en Acción. La organización ecologista quería determinar si el consistorio madrileño había actuado correctamente al realizar las obras de ampliación de la M-30 de Madrid.