La normativa española que obliga a los operadores de televisión a financiar por anticipado las películas cinematográficas y de televisión europeas producidas en una de las lenguas oficiales de España no viola el derecho comunitario. Así lo ha señalado Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, en una opinión publicada hoy. Kokott considera que la normativa restringe la libre prestación de servicios, a libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales y de trabajadores. Sin embargo, afirma que estas restricciones están justificadas porque persiguen objetivos legítimos y están justificadas por razones de interés general.