La directiva europea por la cual los operadores están obligados a conservar los datos telefónicos y de Internet durante cierto tiempo para luchar contra el terrorismo cuenta con una base jurídica adecuada, según el Abogado General del Tribunal de Justicia europeo, Yves Bot. Su dictamen rechaza el argumento de Irlanda, que consideraba que debía adoptarse bajo las disposiciones sobre cooperación judicial y policial del Tratado de la UE. Sin embargo, la directiva se basó en las disposiciones sobre armonización del mercado interior del Tratado de la Comunidad Europea (CE).