La Comisión Europea se equivocó al afirmar que la propuesta de reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar constituía una ayuda de Estado ilegal, según ha señalado hoy el Tribunal de Primera Instancia de la UE. La sentencia indica que el sistema fiscal aplicable a las empresas establecidas en el Peñón y el aplicable a las del Reino Unido no son comparables, por lo que no puede demostrar que las primeras gocen de ningún tipo de ventaja selectiva.