Trabajar en la UE para con los "sin papeles", que engloban entre 4,5 y 8 millones de personas, es cada vez más difícil. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado hoy una directiva en primera lectura que establece sanciones penales contra los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular y que prevé su exclusión de las subvenciones y ayudas públicas. Los Veintisiete deben dar su visto bueno a la normativa para que entre en vigor, aunque está previsto que lo hagan porque han llegado a un acuerdo previo con la Eurocámara. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Grupo del Río han expresado su profundo rechazo.