La Comisión Europea ha adoptado hoy dos documentos orientativos para aclarar los criterios en los que se debe basar un Estado miembro para entregar ayudas a la formación y a empresas que contratan a trabajadores desfavorecidos o discapacitados. Ambos documentos forman parte del objetivo del Ejecutivo comunitario de simplificar las normas sobre las ayudas estatales.
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