El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado hoy que el derecho español incumple la normativa comunitaria de libre circulación de capitales, al aplicar indebidamente impuestos a las operaciones de aportación de capital y de traslado de un Estado miembro a otro de la sede de las sociedades. España deberá adecuar ahora su legislación nacional a la europea para evitar ser multada.
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