A instancias de la Comisión Europea, que presentó recurso en otoño de 2007, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que España aún no cumple las obligaciones que le corresponden para adecuar su legislación a las normas comunitarias de reconocimiento de personas de terceros países como refugiados o necesitados de protección internacional. Los Estados miembros tenían hasta octubre de 2006 para trasponer los fundamentos de la directiva 2004/83. La Corte da así la razón a Bruselas, y obliga al Gobierno a pagar las costas del proceso.