Una semana después, el Tribunal de Justicia de la UE vuelve a poner en evidencia al Estado español por un mismo asunto. Si el pasado 24 de septiembre daba la razón a la Comisión, que acusaba a España de no haber cumplido sus obligaciones derivadas de la directiva 2006/70, hoy ha hecho pública otra sentencia en la que también respalda al Ejecutivo comunitario, respecto a la directiva 2005/60. La primera trata sobre los mecanismos de aplicación de esta última: blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.