La Comisión Europea duda de que dos acuerdos entre la Diputación Foral de Vizcaya y un grupo de inversores privados sean acordes con las normas sobre ayudas estatales de la UE. Por ello, Bruselas ha abierto un procedimiento de investigación formal con el fin de analizar dichas prácticas. Con la primera, la sociedad pública BIZKAILUR, propiedad de la Diputación, compraría y adaptaría las instalaciones de una fábrica de módulos de construcción a empresarios privados, en Alonsotegui (País Vasco). Con la segunda, la entidad pública compraría 1.500 viviendas construidas por la nueva fábrica.