La Comisión Europea quiere que los países acogidos al Convenio Lomé IV comprometidos con las políticas social y medioambiental reciban un tratamiento aduanero especial. Con este objetivo ha propuesto la introducción de una "prima social" y una "prima verde" en el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un mecanismo comunitario que establece condiciones ventajosas para el comercio de determinados países con la Unión.