España cambia su normativa, y todos contentos en Bruselas. El Ejecutivo comunitario ha cerrado un procedimiento de infracción abierto contra el país por de ciertas disposiciones de su Ley de Contratos Públicos sobre el excesivo poder de las entidades adjudicadoras para la modificar los contratos tras su concesión. La ley ha sido modificada, y las instituciones concedentes verán limitadas sus facultades.