Cuando las autoridades competentes de los países miembros 'ponen nota' a una empresa a fin de decidir si se le concede o no un permiso ambiental para construir o explotar una instalación industrial, no están obligadas a computar los máximos de emisión de contaminantes que establece la legislación de la UE. Así lo ha sentenciado hoy el Tribunal de Justicia, que ha matizado que los Estados deben adoptar medidas para reducir las emisiones.